CENTRO MODELO DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIO EDUCATIVA

11 de diciembre, 2019

La Legislatura porteña sancionó hoy una ley para la creación de un «Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa», que funcionará en la zona del Bajo Flores, como una medida que buscar reemplazar los actuales institutos de menores que alojan a jóvenes privados de su libertad.

El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor de los bloques Vamos Juntos y Evolución, 15 negativos de Unidad Ciudadana y la Izquierda y dos abstenciones del Socialismo, durante la sesión ordinaria de la Legislatura a instancias de un expediente presentado por el Ejecutivo porteño en abril de este año.

El nuevo Centro estará a cargo del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad en un predio estatal situado en Bonorino y Castañares.

Para la construcción del nuevo lugar, una edificación de dos pisos que demandará una inversión de 18 millones de dólares, el Gobierno porteño planteó la venta de tres inmuebles en los que funcionan institutos de menores.

Los predios propuestos para la enajenación son uno situado en Parque Chacabuco, donde funciona el centro socioeducativo José de San Martín; otro de Balvanera, donde se localiza el Centro de Admisión y Derivación Llona Úrsula Inchausti, y otro de Monte Castro, donde estuvo el centro de menores Manuel Rocca hasta su cierre, hace tres años.

La legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, consideró que la iniciativa representa «un progreso en materia de derechos humanos para los jóvenes privados de la libertad».

Por su parte, la diputada de Unidad Ciudadana Paula Penacca indicó que «la mejora en las condiciones edilicias de los institutos es algo en lo que claramente se debe avanzar, pero en este caso se propone nuevamente un negocio inmobiliario de parte de Horacio Rodríguez Larreta».

La iniciativa sancionada, en tanto, contó con un anexo elaborado en base a un proyecto de la legisladora de Evolución Patricia Vischi, que establece los estándares bajo los que deben funcionar los centros especializados de privación de la libertad para adolescentes o jóvenes en conflicto con la ley penal.

«Las medidas de habitabilidad e higiene de los centros tendrán como objeto proteger la vida, la integridad física, psíquica y social del adolescente o joven privado de libertad», remarca.

Dispone la obligación de contar con «un sistema hidrante anti-incendio y matafuegos según las normas de habilitación de la Ciudad, la provisión de colchones y almohadas ignífugos y la existencia segura y adecuada de medios de evacuación».

Asimismo, cada centro deberá tener un espacio para el funcionamiento de una escuela con la cantidad de aulas necesarias, así como lugares de convivencia, recreación, cultura, deporte y sitios habilitados para el trabajo de los jóvenes que deseen realizar alguna actividad laboral.

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